Demandan a OpenAI, Anthropic y SpaceX AI por pactar frenos a la IA

Una demanda colectiva ingresó en los tribunales federales del norte de California contra OpenAI, Anthropic y SpaceX AI por presuntas prácticas contrarias a la libre competencia. Cuatro suscriptores particulares, en representación de los usuarios de todo Estados Unidos, acusan a las tres firmas de sellar un pacto para desacelerar de forma concertada la velocidad de evolución de sus modelos. La acción legal sostiene que la maniobra vulnera la legislación antimonopolio (normas que impiden acuerdos secretos entre rivales) y perjudica directamente a millones de personas que pagan cada mes por asistentes como ChatGPT, Claude o Grok, al rebajar el valor de lo que reciben a cambio de su dinero.

El detonante inmediato del reclamo fue un texto de opinión difundido el 12 de septiembre de 2026 por Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic. En esa publicación, el directivo exhortó a los distintos actores del sector a cooperar para mitigar el ritmo de los avances tecnológicos e implementar mayores protocolos de protección. Durante esa misma jornada, Sam Altman, líder de OpenAI, y Elon Musk, responsable de SpaceX AI, publicaron mensajes de respaldo a la postura de Amodei. Para la parte demandante, ese intercambio público constituye la prueba explícita de un entendimiento entre competidores directos que debían disputarse el mercado.

No obstante, el expediente judicial sostiene que los acercamientos comenzaron meses antes. Como antecedente, la presentación cita una carta conjunta suscrita en julio de 2026 por mandos jerárquicos de diversos laboratorios del rubro. En aquel documento, los empleados admitían soportar una “intensa presión competitiva para no ralentizar unilateralmente” sus creaciones, al tiempo que pedían la intervención del gobierno estadounidense para impulsar un esquema internacional que frenara el avance automatizado. Según los querellantes, las compañías optaron por un atajo indebido: acordaron una “contención colectiva” para que la tecnología progrese “más lento de lo que produciría la competencia de otro modo”.

El equipo jurídico que impulsa el litigio aclaró que no cuestiona la potestad de cada firma para moderar sus propios desarrollos de manera independiente si busca garantizar la seguridad. Lo que la ley prohíbe es sustituir las decisiones autónomas por un pacto entre rivales para controlar los tiempos del mercado. Los demandantes puntualizan que las empresas tienen derecho a pedir a las autoridades normas de regulación para chatbots o tramitar permisos formales de exención ante el Estado, pero no pueden operar al margen del marco legal. Nick Rowley, abogado principal del caso, alertó sobre los peligros de dejar estas decisiones en manos privadas: “La IA escapará rápidamente al control humano y podría matarnos a todos si permitimos que la seguridad y los protocolos de la IA queden bajo el control de acuerdos privados y motivados por intereses propios entre las empresas tecnológicas ‘con fines de lucro’ más poderosas del mundo”.

Las propias empresas contemplaban las dificultades jurídicas de su planteo antes de recibir la demanda. En su artículo del 12 de septiembre de 2026, Amodei planteó que la administración pública estadounidense debía intervenir “o al menos facilitara” las conversaciones del sector, sugiriendo que el gobierno concediera una “exención limitada para determinados tipos de conversaciones sobre seguridad” con el fin de despejar sospechas de colusión. En respuesta a esa idea, Altman expresó en redes sociales su respaldo a un “marco federal que establezca requisitos de seguridad uniformes”, aunque remarcó que OpenAI “no cree que tenga que esperar una exención antimonopolio o una ley para comenzar la labor de brindar esta confianza”.