Bybit demanda a Corea del Norte por hackeo de US$1.500 millones
La exchange cripto inició una demanda civil en Washington por el robo sufrido el 21 de febrero de 2025. Un juez ya ordenó congelar activos identificados mientras avanza el caso.
Bybit demandó a Corea del Norte, a su agencia de inteligencia Reconnaissance General Bureau y al grupo Lazarus por el robo de US$1.500 millones que sufrió la plataforma el 21 de febrero de 2025. La causa quedó radicada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y ya produjo un primer resultado concreto: una orden judicial que congela activos identificados como parte de los fondos robados mientras sigue el litigio. Según la empresa, el juez también concluyó de forma preliminar que Bybit tiene probabilidades de imponerse en el fondo del caso.
La demanda no apunta solo al Estado norcoreano y a Lazarus, el grupo de hackers vinculado por Washington con ese país. También incluye a personas y entidades no identificadas, incorporadas como acusados John Doe, que habrían tenido o movido los activos. Ese punto importa porque Bybit no busca únicamente una sentencia contra Corea del Norte: intenta identificar intermediarios concretos y localizar fondos que todavía puedan rastrearse.
Los registros judiciales citados por Cointelegraph muestran que la exchange presentó la demanda bajo secreto el 18 de junio de 2026. Un día después, el 19 de junio de 2026, el tribunal autorizó un proceso de expedited discovery, un mecanismo que acelera la obtención de pruebas, para que Bybit pudiera pedir identidades de titulares, saldos e historiales de transacciones a plataformas con operaciones o infraestructura en Estados Unidos. Ese mismo 19 de junio de 2026, la corte también dictó una orden de restricción temporal para impedir que los acusados no identificados movieran ciertos activos rastreables.
Esa protección judicial se extendió en las semanas siguientes. La orden temporal fue renovada el 16 de julio de 2026 y el 30 de julio de 2026 el tribunal concedió de forma parcial la medida cautelar preliminar que Bybit venía reclamando. La empresa comunicó después que esa orden prohíbe transferir o desprenderse de los activos identificados mientras el expediente siga abierto.
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Qué pudo recuperar Bybit
La recuperación sigue siendo limitada frente al tamaño del robo. Bybit dijo que logró recuperar unos US$48,4 millones y congelar alrededor de US$30,5 millones en más de 28 exchanges y custodios, en conjunto cerca del 5% de lo sustraído. Otra cifra del expediente, citada por Cointelegraph a partir de la presentación del 18 de junio de 2026, muestra US$75,5 millones congelados o recuperados, equivalentes al 5,3% del total, dentro de un 9,8% de fondos que todavía podían vincularse con billeteras identificables.
La diferencia entre ambas fotos refleja que el seguimiento del dinero fue cambiando con el tiempo. Según ese mismo expediente, para el 18 de junio de 2026 el 90,2% de los activos robados ya se había vuelto imposible de rastrear después de pasar por mixers, servicios que mezclan movimientos para ocultar su origen, además de cross-chain bridges y operadores over-the-counter. Más de un año antes, Bybit había informado una situación muy distinta: en abril de 2025, Ben Zhou, cofundador y CEO de la empresa, dijo que el 69% del botín seguía siendo rastreable, el 28% ya había desaparecido del radar y el 4% estaba congelado.
Los extractos también describen cómo ocurrió el ataque. Decrypt señala que los atacantes vaciaron cerca de 500.000 ETH de una cold wallet de Bybit después de manipular una interfaz de firma que mostraba a los aprobadores una dirección de destino correcta, mientras alteraba la lógica subyacente de la billetera. Cointelegraph agrega otra pieza técnica: los investigadores forenses dijeron que credenciales comprometidas de un desarrollador de Safe permitieron inyectar código malicioso en infraestructura en la nube del proveedor. El FBI atribuyó el robo a Corea del Norte el 26 de febrero de 2025.
La demanda civil corre en paralelo con investigaciones penales en Estados Unidos. Bybit sostuvo que sigue compartiendo inteligencia de blockchain, el registro público de movimientos cripto, con agencias como el FBI y que la coordinación con exchanges, reguladores y fuerzas de seguridad fue el paso previo a acudir a la justicia. La causa, por ahora, muestra el límite de esa estrategia: una orden judicial puede inmovilizar una fracción de los fondos identificados, pero no revierte por sí sola el recorrido de activos que ya pasaron por herramientas diseñadas para borrar rastros.
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